Declaración Pública

Hace 32 años fueron asesinados el ex comandante en jefe del Ejército, General Carlos Prats González y su esposa Sofía Couthbert, en Buenos Aires.
Con la muerte del General Prats se asesinó una concepción democrática de la doctrina militar en nuestro país, Todo indica que la orden para cometer el crimen provino de Augusto Pinochet, pero hasta hoy, la justicia chilena ha sido incapaz de aclarar el crimen y sancionar a los culpables.
Los asesinatos del General Prats y su esposa, representaron un acto deleznable de deslealtad y miseria moral de quienes fueron compañeros de armas del ex comandante en jefe victimado. La alta investidura que debiera ser encabezar el Ejército de Chile, quedó manchada a partir de entonces, por cuanto fue otro comandante en jefe quien dio la orden de asesinar a un compañero de armas y su antecesor en el cargo.
Los sucesores en la comandancia en jefe no han hecho más que intentos por lavar la imagen del Alto Mando y la institución, representando astutamente el papel de militares profesionales, obedientes al poder civil, distanciados del dictador y amantes de la democracia.

Los tres comandantes en jefe sucesivos, Ricardo Izurieta, Juan Cheyre y Oscar Izurieta, actualmente en ejercicio, ejecutaron el plan diseñado para un escenario sin Pinochet a la cabeza del País y el Ejército, para conservar las bases de la llamada «obra de las FF.AA.», consistente en sostener y profundizar una institucionalidad que garantice la sobre vivencia del sistema económico capitalista dependiente del imperio y por ahora del modelo neo liberal y que además impida el desarrollo de cualquier proyecto democrático popular que persiga otras vías de desarrollo. En otras palabras, prevalece el rol tutelar de las FF.AA. sobre toda la sociedad. Sólo ha cambiado la forma, el fondo permanece.
El ejército no ha prestado colaboración efectiva en los procesos judiciales por violaciones a los Derechos Humanos y al contrario, ha obstruido la justicia en todos los casos. Baste citar que hace un mes la institución se negó a entregar la hoja de vida del general Miguel Trincado, actual comandante de la II División, requerida por la justicia en el marco de la investigación por la remoción ilegal de 26 cuerpos de detenidos desaparecidos desde el cerro Topater de Calama.

Ciertamente el Ejército no se ha distanciado de la dictadura. En sus filas permanecen innumerables violadores a los Derechos Humanos. Pero más grave resulta que no se haya movido todavía una coma de la doctrina que lo arrastró a derrocar el gobierno del presidente Salvador Allende y desencadenar el terrorismo de estado.
El ejército liquidó el legado moral y ético del general Carlos Prats. Frente a ello no bastan los mea culpa para la galería. No basta con las operaciones cosméticas para mejorar la imagen pública institucional. Se requiere cambios reales y no formales.
El Ejército debe:
– Ser prefundado sobre nuevos principios que garanticen la adopción de una doctrina que subordine la institución al poder civil.
– Romper su dependencia política con los dueños de la economía y el país y reconocerse en el soberano, el pueblo.
– Abrir las escuelas matrices a los hijos del pueblo que tengan vocación de servir al país como profesionales de la defensa.
– Revelar toda la información que posee sobre crímenes de lesa humanidad.
– Suspender el pago de los abogados que defienden a quienes se encuentran procesad por violaciones a los derechos humanos.
– Romper su dependencia con el complejo militar industrial de los Estados Unidos.
– Construir una doctrina de defensa basada en la participación de toda la población todos los niveles.
– Construir una sólida unidad cívico militar.
-Promover la integración con los pueblos y Fuerzas Armadas de los países vecinos.
-Degradar y retirar su apoyo a Augusto Pinochet y todos quienes perpetraron crimen de lesa humanidad.


Honor y Gloria al general patriota Carlos Prats González
Dirección Nacional Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez

Santiago, septiembre 29 de 2006

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