Archive for febrero 2006

Trece ex miembros de la DINA son procesados por Homicidio y Secuestro

febrero 28, 2006

El ministro de fuero Alejandro Solís procesó este lunes a la cúpula de la DINA, por ocho secuestros y seis homicidios calificados en el marco del caso Villa Grimaldi.
Entre los procesados se encuentran el ex director del disuelto organismo, general (r) Manuel Contreras, los brigadieres (r) Pedro Espinoza y Miguel Krassnoff y el coronel (r) Marcelo Morén Brito.
Uno de los homicidios mencionados se refiere al caso de la ex dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, Lumi Videla, quien fue detenida en Villa Grimaldi el año 1974 y cuyo cadáver fue encontrado en la embajada de Italia. En tanto su pareja, Sergio Pérez, aún se encuentra desaparecido.
El abogado querellante Hiram Villagra aseguró que los procesamiento son de «máxima importancia», refiriéndose al caso de Videla porque «esa mujer fue asesinada, y arrojada al patio de la embajada Italiana y se hizo un montaje en torno a ella».

PIDEN QUE SE DESTINE A UN MUSEO EN HOMENAJE A VÍCTIMAS

febrero 28, 2006

Con movilizaciones pretenden evitar remate de Londres 38
Con recolección de firmas, velatones y diversas actividades, organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas pretenden evitar el remate del inmueble ubicado Londres 38, donde funcionó una cárcel clandestina durante los primeros años de la dictadura militar.
La subasta del recinto que ocupa el Instituto O’Higginiano estaba programada inicialmente para el 8 de marzo, pero fue postergada para el 23 de marzo pues ni los actuales propietarios ni el martillero público Mario Lorca cumplieron con los plazos y requisitos establecidos por la ley de Monumentos Nacionales.
Antes del golpe militar el lugar, que hoy tiene el número 40, era sede del Partido Socialista y después pasó a ser un centro de detención secreto de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) del cual desapareció un centenar de personas. En 1978 el inmueble fue traspasado a los O’higginianos.
Por ello, la Corporación 119, el Colectivo Londres 38, la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu) y la Coordinadora de ex prisioneros políticos de Santiago desean que el Estado recupere el recinto y que se destine para un museo que recupere “a memoria histórica” de los años bajo la dictadura.
A través de un comunicado las organizaciones sociales señalan que el remate del lugar “es un acto éticamente condenable, pues una corporación privada, vinculada al Ejército, pretende usufructuar de un bien que el Estado le transfirió de manera gratuita y que fue declarado Monumento Histórico en julio del 2005”.

FAMILIA DE TUCAPEL JIMÉNEZ TEME NUEVOS INDULTOS PARA AUTORES DEL CRIMEN

febrero 28, 2006

Hijo del ex líder de la ANEF alertó ante la posibilidad de que el Gobierno otorgue el beneficio a Carlos Herrera Jiménez, durante una romería a la que asistió la futura Presidenta, Michelle Bachelet.
Con la presencia de la Presidenta electa, Michelle Bachelet, se realizó este mediodía en el Cementerio General una romería en conmemoración del 24° aniversario del asesinato del ex líder sindical Tucapel Jiménez Alfaro, uno de los principales opositores a la dictadura del general (R) Augusto Pinochet Ugarte.
El hijo homónimo del otrora timonel de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) expuso su preocupación ante la posibilidad que se liberen a los responsables del crimen de su padre, luego que el año pasado el Presidente Ricardo Lagos indultara a uno de ellos.
«La verdad es que no quiero que se vuelvan a dejar libre a los asesinos de mi padre», sostuvo en su discurso Tucapel Jiménez Fuentes, diputado electo por La Cisterna.
Jiménez Fuentes recordó la larga batalla judicial que dio su familia mientras el proceso estuvo en manos del retirado ministro Sergio Valenzuela Patiño, labor que sólo rindió frutos cuando la investigación recayó en manos del actual miembro de la Corte Suprema Sergio Muñoz Gajardo.
También llamó la atención por las voces que surgen pidiendo que se equiparen los recientes indultos otorgados a ex lautaristas recluidos por delitos terroristas. «Eso me preocupa”, dijo, y advirtió que él sabe que la solicitud de indulto para otro de los asesinos de su padre ya está en La Moneda.
“La verdad es que mi temor o preocupación. Uno nunca sabe. El año pasado nunca me imaginaba que iba a haber un indulto. No es bueno para Chile que se caiga en eso de las compensaciones, políticas. Todos los indultos le hacen mal a Chile y al país. Estoy preocupado por esto puede ser la justificación para indultar a (Carlos) Herrera Jiménez”, precisó posteriormente a la prensa.
Tucapel Jiménez Alfaro fue asesinado el 25 de febrero de 1982 personal de los organismos de seguridad del régimen militar, cuando ocupaba la presidencia de la ANEF, puesto desde el que ejerció una férrea oposición al régimen del general (R) Pinochet.
La investigación permaneció durante 17 años en manos del ministro Valenzuela Patiño, sin que éste pudiera establecer el detalle de los hechos, así como a sus autores, pero en 1999 recayó en manos del juez Muñoz, que en sólo tres años condenó a los responsables.
Como autores materiales fueron sentenciados el mayor (R) Carlos Herrera Jiménez, a 10 años de presidio como autor material, el suboficial (R) Miguel Segundo Letelier Verdugo, a 8 años de presidio, al suboficial (R) Manuel Contreras Donaire, 8 años de presidio, éste último indultado en agosto del año pasado por el Presidente Lagos.
Consultado si temía que el beneficio a Herrera Jiménez se entregara durante el gobierno de Bachelet, aclaró que “el año pasado ella manifestó su rechazo al indulto a Contreras Donare. Así que la preocupación disminuye bastante. Mi preocupación es de aquí al 11 de marzo, para que no se use de argumento para indultar a otros de los asesinos de mi padre”. Previamente, durante su discurso, Jiménez Fuentes también destacó la inédita presencia de una Presidenta de la República en el acto en homenaje a su padre, y también repudió la actitud de la derecha política que “nunca ha venido”.

A UN AÑO DE LA MUERTE DE GLADYS MARÍN SE PREPARA UN GRAN HOMENAJE

febrero 24, 2006
Fotos: Jorge Zúñiga
El 4 de marzo se inaugurará, en una ceremonia privada, el monumento a la fallecida Presidenta del PC y para el domingo 5 está presupuestado un acto multitudinario en la Plaza de la Paz.
El 4 de marzo se inaugurará, en una ceremonia privada, el monumento a la fallecida presidenta del Partido Comunista (PC), Gladys Marín y para el domingo 5 está presupuestado un homenaje multitudinario en la Plaza de la Paz, bajo la consigna «Una flor para Gladys».
Así lo informó Oscar Azócar, miembro de la Comisión Política del PC, junto a los integrantes de la Fundación Gladys Marín, Ricardo Solé, Julio Ugas y Marta Fritz, y a los familiares de la dirigente, Álvaro Muñoz Marín y Silvia Marín.

«Gladys fue una mujer adelantada a su época en muchos aspectos: fue primera Secretaria General de una Juventud Política, la primera candidata mujer a la Presidencia de la República, fue quien puso la primera querella en contra de Augusto Pinochet, fue la Primera en retornar desde el exilio para encabezar la dirección clandestina del PC», recordó Oscar Azócar.
Agregó que este homenaje surge «por la necesidad que tenemos de rescatar su legado político y moral, para el presente y las nuevas generaciones, además porque ella, con su actividad incansable y en su calidad política contribuyó a crear las condiciones para este nuevo momento político que se vive en Chile y América Latina, un momento de auge de las luchas populares».
Álvaro Muñoz agregó que las cenizas de la dirigenta estarán el 4 de marzo en el monumento. «La ánfora con las cenizas de Gladys, mi madre, que yo tengo guardada en algún lugar seguro, la vamos a depositar en los próximos días, no les vamos a decir cuándo porque va a ser muy privado».
Señaló además que se desarrollarán actividades de homenaje en todo el país, bautizo de calles y plazas en su nombre, instalación de monolitos, actos solemnes, entre otros.

JUZGADO DE GARANTÍA ABSOLVIÓ A EX – MAPU LAUTARO MARCOS PAULSEN FIGUEROA

febrero 24, 2006

Fuente: La Tercera
El Primer Juzgado de Garantía de Santiago absolvió hoy al ex – Mapu Lautaro
Marcos Antonio Paulsen Figueroa, acusado de haber quebrantado la condena de extrañamiento por la que estuvo con orden de arraigo desde el 10 de diciembre de 2005, día en que intentó ingresar a Chile proveniente desde Bélgica, país donde se encontraba exiliado desde 1993.
El ex preso político fue imputado por el Ministerio Público a cumplir una pena de 38 días por volver al país 77 días antes de que cumpliera la condena de extrañamiento de 12 años en el país europeo y decretada por el ex Presidente Patricio Aylwin.
«Me parece lógica (la resolución). Quizás fue demasiado tarde porque hace dos meses llegué al país y hoy día, dos meses después, se determina que no hay delito, mientras tanto, he estado privado de movimiento, con arraigo y firmando en la Fiscalía», explicó Paulsen al término del juicio oral simplificado que se extendió por casi tres horas.
Asimismo, el juez de Garantía Mario Muñoz, al dictar la sentencia absolutoria, argumentó que Marcos Paulsen desconocía que la justicia chilena le imputaba 100 días más de presidio -independientes al delito por el cual fue exiliado-, porque al fallo a dicha falta no se unió oportunamente a la pena de extrañamiento.
Muñoz, además, indicó que al momento de que Paulsen ingresó al país, la Policía de Investigaciones no le notificó que tenía la posibilidad de ser devuelto a Bélgica – al estar requerido por la justicia chilena-, por lo que el supuesto delito de violar la pena de exilio por parte del ex preso político quedaba viciado.
El magistrado consideró también que Paulsen Figueroa fue detenido en suelo internacional tras bajar del avión que lo trajo de Bélgica, y fue ingresado por la fuerza hacia Chile por dos funcionarios de la policía civil, por lo que existió falta de discernimiento por parte del ex – Mapu Lautaro al ser ingresado arrestado al país, constituyendo de esta forma otro argumento para absolverlo de los cargos imputados por la Fiscalía.

EX POLOLA DE CONSCRIPTO DESCARTA SUICIDIO POR PROBLEMAS AMOROSOS

febrero 24, 2006
El joven conscripto, de 19 años
al momento de morir, no tenía
antecedentes médicos sobre
enfermedades mentales o depresión
Cuatro cartas redactadas por el soldado Germán Vivanco Sierra, poco antes de su muerte, evidencian el buen momento emocional por el que pasaba.
Las contradicciones que existen en el caso de la muerte del conscripto Germán Vivanco, ocurrida el 13 de agosto de 1996, son más que evidentes. Y así se encarga de hacerlo notar su familia que, a pesar del paso del tiempo, no se cansa en intentar encontrar justicia y saber qué ocurrió realmente con el muchacho que tenía sólo 19 años en el momento de su muerte.
Por ello su padre Pedro Vivanco interpuso una querella en el tribunal de Puente Alto, en noviembre pasado, y solicitó diversas diligencias. Entre ellas que se indague la contradicción existente entre la versión dada por el Ejército de que el suicidio del soldado de debió a problemas sentimentales y las cartas remitidas a su novia poco antes de morir.
En cuatro misivas a las que tuvo acceso La Nación, Vivanco le explica a su entonces polola, Pamela Lucero Torrealba, que se encontraba feliz de tener esa relación amorosa y que ella era su horizonte en la solitaria estadía en el ex Regimiento Ingenieros de Montaña Nº 2 de Puente Alto.
“Te escribo unas líneas para contarte que me encuentro súper feliz, aunque esté solo y no pueda verte, porque hoy cumplimos tres meses de pololeo y en la distancia te digo Te Amo como nunca he amado a nadie. Estando aquí tan lejos de ti, me he dado cuenta de que no puedo vivir sin ti y si me he aguantado es porque te llevo en mi mente y mi corazón”, señala su última carta escrita el cinco de agosto de 1996.
Respecto a la relación amorosa que ambos sostenían, en una declaración pública efectuada días después de ocurrido el fatal incidente, Pamela Lucero sostuvo que no acepta la muerte de Vivanco como un suicidio, porque “era un joven con proyecciones que no tenía motivo alguno para tomar tan drástica decisión”.
Según lo descrito por Lucero, “el día antes a su muerte, Germán me pidió que le pasara en limpio su diario de vida y que después se lo fuera a dejar al regimiento el día miércoles 14 de agosto en compañía de su hermana chica porque quería verla”.
El padre del conscripto, Pedro Vivanco, recalcó que su hijo no presentaba ningún síntoma, ni dio señal alguna de que pasara por un momento difícil en el aspecto emocional. Incluso, el progenitor es categórico en reiterar que “Germán no tenía antecedentes médicos de enfermedades mentales ni de algún tipo de depresión”.

PRESIONES
En su declaración, Pamela Lucero denunció que los efectivos militares que concurrieron a comunicarle la trágica noticia obligaron a su madre a salir de la casa mientras la interrogaban y luego la culparon de que ella se había realizado un aborto en contra de la voluntad de Vivanco y que ello lo habría deprimido a tal extremo que tomó la drástica decisión de terminar con su vida.
“Estos señores, de los cuales desconozco sus rangos, me acusaron de haber abortado y que eso gatillo el suicidio de Germán. Me sorprendió mucho que estos señores tuvieran conocimiento de que tenía en mi poder el cuaderno (Diario de vida) de mi pololo, el cual me fue quitado sin razón alguna.

LIBERTAD CONDICIONAL ES UN CRITERIO BÁSICO AL CUMPLIR LA MITAD DE LA PENA

febrero 21, 2006

El abogado Alberto Espinoza, quien tiene a su cargo la defensa de los ex militantes del MAPU-Lautaro, beneficiados con la libertad condicional por el Ministerio de Justicia, señaló que ’’la libertad condicional es un criterio básico al cumplir la mitad de la pena’’.
Espinoza agregó que “la ley no hace ninguna distinción para otorgar este beneficio aunque sea ante un caso de delito terrorista’’.
“Ellos siguen cumpliendo su condena bajo un control penitenciario, a lo menos mensual, donde se evalúa la integración social de estas personas’’, “Hay que recordar que las penas tienen un sentido castigador y rehabilitador, y el sentido castigador ya se ha cumplido cuando las personas han permanecido un tiempo prolongado privado de la libertad’’. Alberto Espinoza aclaro que, “ya estaban en el periodo de reinserción social, la única diferencia es que ahora ellos están durmiendo en sus casas’’.
“Nadie puede garantizar que estas personas no se escapen, pero naturalmente quedan inhabilitados para salir del país’’.
Finalmente Espinoza se mostró confiado en que se reinserten socialmente agregando que ’’todas las personas que han sido condenadas por delitos políticos logran una buena adaptación social, incluso algunos presos políticos del pasado ahora son autoridades de Gobierno’’.
Además Alberto Espinoza, sostuvo que el Gobierno de Lagos no cumplió el compromiso, un acuerdo con el Gobierno para que los reos por delitos de carácter terrorista beneficiados con la libertad condicional fueran doce y no sólo Patricio Gallardo Trujillo, Álvaro González Olivares, Carlos Plaza Villarroel y Carlos Silva Duncan.
Según el profesional, durante gran parte del año pasado hubo una serie de reuniones en las que participó el ex Ministro José Miguel Insulza, el Ministro Francisco Vidal y el Subsecretario del Interior, Jorge Correa Sutil, con quienes, a través del patrocinio a distintas leyes, se habría acordado concederle la libertad condicional, a todos los presos por acciones subversivas que tuvieran la mayoría de su pena cumplida.
«Había acuerdos políticos, compromisos políticos asumidos por Ministros del Presidente Lagos y ahora inexplicablemente cuando se dan las condiciones jurídicas para solucionar esta situación, el Ministro Bates lo hace de manera restringida, acotada a cuatro personas sin tener explicación razonable para justificar la negativa a otras ocho personas».
Alberto Espinoza incluso asegura que los doce reos habían sorteado con éxito las etapas que establece el proceso para determinar quienes son aptos para el beneficio, es decir, habían sido calificados positivamente por Gendarmería en relación a su conducta como internos, fueron habilitados por la comisión de libertad condicional (integrada por el Presidente de la Corte de Apelaciones, un Ministro y un Fiscal del Tribunal de Alzada, y los 10 jueces del crimen más antiguos) y que en la última fase, la de la decisión ejecutiva se frenó todo.
LAS REACCIONES NO SE HICIERON ESPERAR:
Una fuerte controversia generó la decisión del Gobierno de otorgarles el beneficio de la libertad provisional a cuatro ex militantes del MAPU – Lautaro presos por delitos de connotación terrorista.
El Presidente Ricardo Lagos aclaró que no se trata de indultos y que es sólo lo que se les da a las personas cuando cumplen ciertas condenas.
Familiares de algunas de las víctimas de los Lautaristas rechazaron la decisión gubernamental y la calificaron de injusta, ya que «quienes les quitaron la vida a sus seres queridos deben pagar con las penas que corresponden».
En la UDI pidieron claridad respecto de a qué obedece la decisión del Ejecutivo, en el sentido de saber si apunta a una política de armonía y pacificación del país, lo cual debería reflejarse con iniciativas similares a uniformados condenados por violación a los derechos humanos, o si se trata de un hecho puntual.
Los abogados Juan Carlos Mans, Jorge Balmaceda –defensores de Manuel Contreras, Pedro Espinoza- reclamaron que esos beneficios también se les debieran aplicar a sus representados, apelando “al principio de igualdad ante la ley”.
El Senador (RN) Carlos Cantero “estas medidas deben ser equitativas y hasta ahora han sido extremadamente asimétricas (…) los beneficios deben ser para todos y no sólo para los aliados”. Mientras que el senador (UDI) Jorge Arancibia reclamo que hay “gente que espera un trato similar y no ha tenido ningún beneficio”.
Estas opiniones fueron rechazadas por el abogado Eduardo Contreras quien señaló que “Esta medida no puede ser tomada como una Moneda de Cambio en favor de los Violadores de los Derechos Humanos”.

ANTE INMINENTE REMATE DE INSTITUTO O’HIGGINIANO

febrero 20, 2006
AFDD: »Londres 38 debería transformarse en un Centro de la Memoria»

La ex Presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Viviana Díaz y Roberto D’Orival, miembro del colectivo 119, que recuerda a los desaparecidos de la »Operación Colombo» entregan su visión de lo que tendría que pasar con Londres 38. En ese ex centro de torturas funciona ahora el Instituto 0’Higginiano y estuvo a punto de ser rematado.
El domingo 5 de febrero apareció un aviso en »El Mercurio» anunciando que Londres 38 (hoy 40), recinto donde fueron torturadas y desaparecidas varias personas en manos de la DINA, iba a ser rematado por sus dueños, el Instituto O’Higginiano. Durante la pasada semana esta noticia causó preocupación y molestia a los familiares de las distintas
personas que pasaron alguna vez por dicho recinto.

Sin embargo, el temor de la venta del inmueble desapareció gracias a que la Secretaria Ejecutiva (s) del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), Susana Simonetti, confirmara la imposibilidad de que la subasta se efectuara, debido a que no se han cumplido los requisitos de la ley, como el plazo de 30 días previos que tienen los martilleros para avisar al CMN.
La ex presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Viviana Díaz, al conocer la noticia del remate dijo que “lo califiqué de algo inconcebible”, debido a que esperan que este recinto -que ya había sido declarado monumento histórico- pronto pudiera ser traspasado al colectivo 119, con el objeto de construir en ese lugar un museo de la memoria, no sólo para los familiares de las víctimas, sino también para
los abogados y organismos de derechos de humanos.

“Era vital que esto se paralizara, felizmente se detuvo esta orden de que se rematara este edificio el 8 de marzo, porque no se le había comunicado al Consejo de Monumentos que esto iba a ser rematado”, señaló Viviana Díaz.

En tanto, Roberto D’Orival, hermano del detenido desaparecido Jorge D’Orival, indicó que cuando conoció esta información por una parte le molestó porque “el tema de la memoria en este país se ha tomado como una cosa de segundo orden, es decir, cuando hay mucha presión se preocupan. Ocurre lo que pasó con José Domingo Cañas o Villa Grimaldi, en donde dos sitios emblemáticos fueron destruidos y se constituyen en cualquier otra cosa y se pierde la historia”.

Jorge D’Orival

Por otra parte, a Roberto le surgieron nuevas esperanzas, porque “con las velatones estábamos tratando de provocar que el Instituto se fuera de ahí o que hubiera una reacción del Gobierno. Si bien ellos quieren abandonar el lugar, no lo hacen de mejor forma, porque quieren lucrar con esa casa que tanto significa para nosotros”.
VELATONES
Roberto D’Orival, es miembro del colectivo 119, el cual recuerda a los 119 personas que desaparecieron en el marco de la denominada Operación Colombo, pese a que su hermano no estuvo en rigor detenido en Londres 38, él, junto con los otros miembros de ese colectivo, desde hace seis meses realizan una velatón, todos los jueves, en ese lugar, con la intención de que ese inmueble se transforme en una casa de la memoria.
De igual modo, agregó que han realizado diferentes actividades, como la de el 18 de diciembre pasado, día en que se montó un taller de pintura infantil. “Estas actividades tienen por objetivo convencer a la comunidad de la justicia de nuestra lucha. Sin embargo, no queremos entorpecer el funcionamiento de este barrio, sino que queremos contribuir a que este espacio se transforme en un museo o en una casa de la memoria, donde se promuevan los derechos humanos. Deseamos ganar la adhesión de los vecinos del centro de Santiago y la conciencia de los que ocupan ese recinto. Además buscamos convencer al Gobierno de que tengan un rol más decidido en el tema de la memoria histórica”.
“Si se quiere que no vuelvan a ocurrir hechos como los que se registraron durante los 17 años de dictadura, es importante que se generen los espacios donde las futuras generaciones tengan conocimiento de lo que ocurrió y esto se pueda prevenir”, puntualizó.

Actitud del Instituto
Según Viviana Díaz, el Instituto O’Higginiano debe considerar que “no les costó nada”, debido a que su propiedad se le traspasó durante la dictadura en forma ilegal. “Aquí debiera haber una investigación que pudiera determinar el traspaso que se hizo a este organismo, en circunstancia de que esto pertenecía al PS. En la actualidad ellos pretenden sacar dividendos de la venta de una casa que saben que se les transfirió gratuitamente, y esto no se puede aceptar”, indicó.
Roberto D’Orival, en tanto, señaló que “dado que el Instituto persiste en rematar el inmueble y lucrar con eso, ellos no tienen que olvidar que el recinto no les costó ni un peso. Lo más digno es que no se tenía que haber aceptado un inmueble que tenía esa carga histórica y dolor para venerar la memoria de O’Higgins”.
“Ahora están demostrando lo que son, es decir, un grupo de generales en retiro, que muchos de ellos tienen cuentas pendientes con violaciones a los derechos humanos, a los cuales el rol que han jugado en los últimos 30 años de este país no les ha hecho cambiar en nada su posición”, dijo. Al mismo tiempo, D’Orival aseguró que el general (r) Washington Carrasco tiene un montón de situaciones pendientes en materia de DDHH en la VIII Región, debido que en la isla Quiriquina, sitio que fue un centro de tortura y de muerte, “él tuvo mucha responsabilidad, y ahora intenta lucrar con un pedazo de nuestra historia y que para nosotros familiares detenidos desaparecidos tiene tanto significado”, aseveró.

EL PAPEL DE LAS AUTORIDADES
Para la dirigenta de la AFDD Viviana Díaz, las autoridades deben tomar cartas en el asunto, ya que “no puede ser que este lugar que significó el desaparecimiento de muchos compatriotas, se remate cuando no podemos borrar lo que pasó. La idea es que esto se convierta en un centro de memoria, que puede mostrar a las nuevas generaciones que en pleno centro de Santiago los militares habilitaron un lugar donde reinó el terror y la muerte”.
“Aquí el Estado debe tener una política de recuperación de la memoria, no puede ser que esto sólo sea una preocupación de quienes hemos luchado en la búsqueda de la verdad y la justicia y la recuperación de la memoria, sino que tiene que haber una política clara que permita que lugares como Londres 38 y otros a lo largo del país, queden para la historia. Y no se borre de un plumazo como pretenden algunos que creen que vendiendo van a suprimir lo que sucedió en Chile durante 17 años de dictadura”, enfatizó Díaz.
Opinión similar tuvo D’Orival, quien dijo que “el rol más importante que debe cumplir el Estado, es que el inmueble se les quite y se restituya la memoria de nuestro país. Acá se puede hacer una expropiación y esa es una de las vías posibles y es la más digna. Un Gobierno democrático no puede doblegarse ante los intereses económicos de un general que tiene las manos manchadas de sangre y de sus camarillas que no han hecho nada por la memoria de O´Higgins”.
LOS OTROS CENTROS
La ex presidenta de la AFDD destacó que la casa Londres 38 en su interior no haya sufrido ninguna transformación y que aún se conserve tal cual como se entregó en 1978. “Es importante rescatar el inmueble como está, porque en otros lugares la reacción fue tardía, ya que cuando se recuperó lo que fue Villa Grimaldi, que ahora es el Parque por La Paz, se había destruido prácticamente todo. Lo mismo ocurrió con José Domingo Cañas, en donde el dueño demolió todo el lugar y en la actualidad esa casa se transformó en los estacionamientos de la juguetería Rochet».
Viviana Díaz también manifestó su molestia por lo que pasó en el aeropuerto Cerrillos, producto del Portal Bicentenario, ya que desde que se cerró desaparece el hangar Cerrillos, lugar que también sirvió de sitio de detención y tortura.

EX PRESOS POLÍTICOS:

febrero 19, 2006
SOLICITAN CERRAR LOS PROCESOS HEREDADOS DEL RÉGIMEN MILITAR
Por: M. Peña y Lillo

Algunos no pueden regresar a Chile por tener causas pendientes.
Un llamado a que se regularice la situación de los condenados por delitos de connotación política hizo ayer la Corporación de Derechos Ciudadanos SEAL, encabezada por el socialista Arturo Barrios.
Con el caso de Marco Paulsen, ex preso político y militante del Mapu-Lautaro, Barrios explicó la situación de los chilenos que permanecen fuera de Chile sin poder regresar al país o que viven en la clandestinidad, porque mantienen procesos pendientes, heredados del período del régimen militar.
Marco Paulsen permaneció 4 años en la cárcel condenado por delitos de connotación política y en 1993 conmutó su pena por extrañamiento. Partió a Bélgica, donde actualmente reside. Vino de visita a Chile en diciembre del año pasado, pero al llegar al aeropuerto de Pudahuel le informaron que aún le restaban 77 días para cumplir la pena e inmediatamente se inició un proceso por quebrantamiento de condena, que lo mantiene con arraigo en el país.
De acuerdo con información aportada por SEAL, Paulsen figura en el informe de Prisión y Tortura de la Comisión Valech, por lo que podría acceder a algún tipo de reparación si es que el Estado así lo determina; sin embargo, no puede permanecer en Chile en condiciones normales ni retornar a Bélgica
.

«Creemos que este informe por sí solo no es suficiente si no va acompañado de una solución concreta y definitiva a los casos pendientes», señaló la abogada de la Corporación, Alejandra Arriaza.
Paulsen solicitó el indulto presidencial al Presidente Lagos para poner término a su condena. No obstante, el miércoles su situación legal será revisada y corre el riesgo de caer nuevamente preso.

Cheyre ofendido por cuestionamientos a su colaboración con la justicia

febrero 19, 2006

El jefe del Ejército aseguró que en múltiples ocasiones ha demostrado su buena disposición para cooperar en las investigaciones judiciales.
El comandante en jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre, manifestó a Radio Cooperativa que dudar de su disposición para colaborar con la justicia es una ofensa al país y al sistema judicial. «Mi disposición o mi no disposición, que la he reiterado en múltiples ocasiones, no (es) solamente de palabra, sino de hecho, porque es un deber, entonces que me estén preguntando eso, es una ofensa a los chilenos y nuestro sistema judicial», expresó a la emisora. El jefe del Ejército ha sido cuestionado por no haber declarado ante el caso Antuco, como lo solicitó la defensa de las víctimas y otras entidades sociales.
En esta línea, las Juventudes Comunistas (JJ.CC.), que por medio de su Secretario General, Sergio Sepúlveda, manifestaron que existe una diferencia en el tratamiento que se ha dado al accidente de la Antártica, que costó la vida a tres oficiales. «Nos asombra es que un comandante en jefe tenga toda la disposición para declarar frente a los tribunales, en los casos en que se ven involucrados precisamente oficiales como es el caso de la Antártica, y no tenga la misma disposición para con los subalternos, los suboficiales, los soldados conscriptos, como es el caso Antuco», expresó Sepúlveda.
En este sentido, el general Cheyre señaló que «todos tenemos que estar dispuestos, todo chileno tiene que estar dispuesto, una autoridad tiene que estar dispuesta, así que por favor no me sigan preguntando eso, porque damos muestra de ello». El jefe castrense aseguró que el Ejército está en permanente contacto con las familias de las víctimas de la tormenta blanca en Antuco, y señaló que se está trabajando en el asunto de las indemnizaciones, tras llegar a un acuerdo con el Consejo de Defensa del Estado (CDE).